La LFP señala el camino a la Fiscalía

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La LFP señala el camino a la Fiscalía

La patronal de clubes atisba y pone en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción indicios de delitos de falsificación contable, administración fraudulenta o desleal y apropiación indebida. Las penas de cárcel van de los cuatro a los ocho años y multa de

Jerónimo Tormo,

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) no se anda con medias tintas en su cruzada por la defensa de la pureza del fútbol. La patronal de clubes, presidida por Javier Tebas, puso semanas atrás el expediente de inhabilitación al Elche CF en conocimiento del Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, además de remitir copia de las actuaciones a la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía. Desde la LFP se atisban indicios de delitos de falsificación contable (artículo 290 del Código Penal), administración fraudulenta o desleal (artículo 295 del Código Penal) y apropiación indebida (artículo 252 del Código Penal).

Dichos presuntos delitos, por concurso de normas y a través de la vía penal, hace que se opte entre los dos últimos preceptos por el que impone la pena más grave y que se corresponde al artículo 295 del Código Penal fijando el castigo en penas de prisión de un año a seis años y multa de seis a doce meses pudiéndose ampliar a penas de cárcel de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses, según las circunstancias. El Consejo del Elche CF alegó al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que se le concediera la cautelar el proceso penal abierto a través de la justicia ordinaria, sabiendo que de esta forma ganaría tiempo a sabiendas que las consecuencias siempre llegarán por esta vía.

La justicia administrativa había decretado una multa de 90.151 euros y la inhabilitación de José Sepulcre y Antonio Rocamora, durante doce meses, y por un periodo de seis meses al resto de consejeros de la entidad franjiverde. El consejo de administración, en alegaciones previas presentadas durante el desarrollo del expediente, se refirió al proceso como “un supuesto voluntarismo o conducta intencional del Instructor, del Juez, y en general de la LFP, tendente a causar un perjuicio al Elche CF, con desprecio para los sentimientos de su afición”. Desde la LFP se señala que “la culpabilidad sólo es predicable a personas físicas y que no recae, en este caso, sobre la sociedad” motivo por lo que el Elche CF quedaría impune como club de fútbol y serían los consejeros y el presidente los damnificados.

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